Un informe de HRW y la ACLU documenta abusos graves en el centro de detención de Fort Bliss, incluyendo palizas y negligencia médica.
Washington DC, Estados Unidos 15 jul 2026 ALN: AUSTIN – “No puedo respirar, que Dios me bendiga”. Estas fueron, según un testigo, las últimas palabras de Geraldo Lunas Campos, un migrante cubano de 55 años que murió tras ser inmovilizado por varios guardias en Camp East Montana, el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, ubicado dentro de la base militar de Fort Bliss, en Texas. La muerte de Lunas Campos ha suscitado una ola de indignación y ha puesto de relieve las preocupaciones sobre el trato a los migrantes en los centros de detención del país.
La muerte de Lunas Campos es uno de los casos recogidos en un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que denuncia palizas, negligencia médica, aislamiento prolongado y condiciones insalubres en el centro, que se encuentra en El Paso. El informe ha sido elaborado a partir de testimonios de migrantes que han estado detenidos en el centro, y se presenta en un contexto donde las políticas migratorias de Estados Unidos han sido objeto de intenso debate y controversia.
Camp East Montana, compuesto por cinco estructuras similares a tiendas de campaña, tiene capacidad para albergar hasta 5.000 personas. Este centro ha sido criticado por su capacidad para albergar a un gran número de migrantes en condiciones que muchos consideran inadecuadas y deshumanizantes. HRW sostiene que los abusos documentados constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y califica la muerte de Lunas Campos como una “ejecución extrajudicial” conforme al derecho internacional, lo que plantea serias preguntas sobre la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la protección de los derechos humanos de los migrantes.
La organización entrevistó a 71 personas que estuvieron detenidas en el centro, todas procedentes de 12 países de Latinoamérica y el Caribe. La mayoría de ellas (64) denunció haber sido golpeada o haber presenciado golpizas contra otros detenidos por parte de los guardias del centro. Esta situación refleja un patrón de abuso que ha sido documentado en otros centros de detención a lo largo de los años, donde los migrantes a menudo se sienten vulnerables y desprotegidos ante la autoridad de los guardias.
“Cuando una persona reclama, se desquitan con todos nosotros“, relató un hondureño identificado con el seudónimo de Germán L., quien llevaba un mes detenido cuando fue entrevistado por HRW. Este testimonio pone de manifiesto el ambiente de miedo y represión que se vive en el centro, donde los guardias utilizan la violencia como herramienta para mantener el control. Según su relato, los guardias agreden a quienes piden comida, medicinas o reclaman sus derechos. “Visten de negro, usan máscaras que les cubren casi todo el rostro y no llevan placas con sus nombres”, señaló. “Quieren demostrar que tienen el control y que pueden hacer lo que quieran con nosotros”. Este tipo de comportamiento por parte del personal de seguridad no solo es preocupante desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que también plantea interrogantes sobre la capacitación y supervisión de los guardias en estos centros.
Otro de los entrevistados, un venezolano de 32 años identificado como Armando G., describió una experiencia aterradora en la que siete guardias lo tiraron al suelo durante una huelga de hambre, mientras uno lo asfixiaba y otro le tiraba del cabello y le golpeaba la cabeza contra el suelo. Aseguró que sufrió hematomas y un fuerte dolor abdominal, pero no recibió atención médica. Este relato es solo uno de los muchos que ilustran la brutalidad y la falta de atención médica adecuada en los centros de detención, donde los migrantes a menudo son tratados como criminales en lugar de seres humanos que buscan refugio y una vida mejor.
Lunas Campos, padre de cuatro hijos, fue uno de los tres migrantes muertos en Camp East Montana en los últimos seis meses y uno de los 50 fallecidos bajo custodia de ICE desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: 31 en 2025 y otros 19 en lo que va de 2026, según datos de la organización ‘Detention Watch Network’. Estos números son alarmantes y reflejan una crisis en el sistema de detención de migrantes, donde la vida de los detenidos parece no tener valor. El cubano murió la noche del 3 de enero en una unidad de aislamiento, después de pedir que le entregaran sus medicamentos. Su muerte ha sido calificada de homicidio por el médico forense, lo que plantea serias preguntas sobre el protocolo de atención médica en el centro y la responsabilidad de las autoridades en la protección de la salud y la vida de los detenidos.
Tres detenidos dijeron a HRW haber visto o escuchado parte del altercado. Uno relató que oyó golpes y al migrante gritar repetidamente que lo estaban asfixiando. ICE informó entonces de que el personal encontró al detenido “en dificultades” y que los servicios médicos trataron de reanimarlo. Sin embargo, la autopsia, que halló abrasiones en el pecho y las rodillas y hemorragias en el cuello, contradice la narrativa oficial y sugiere que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad. El médico forense determinó que murió por asfixia causada por la compresión del cuello y el torso, y clasificó la muerte como homicidio.
“Sé cómo suena la muerte”, afirmó Ismael M., un hondureño que escuchó lo ocurrido desde otra celda, según el informe. “Lo que le pasó a Geraldo me podría haber pasado a mí o a cualquiera de nosotros”, añadió. Este testimonio resuena con el miedo y la desesperación que sienten muchos migrantes en el centro, donde la violencia y la negligencia médica son una constante. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la eficacia de las políticas migratorias de Estados Unidos y la moralidad de un sistema que permite tales abusos.
El informe describe unidades hacinadas, baños cubiertos de heces y orina, duchas obstruidas y suelos inundados con agua sucia. Hasta 72 personas comparten seis inodoros y seis duchas en cada unidad. Esta situación es inaceptable desde cualquier punto de vista y refleja una falta de respeto por la dignidad humana de los detenidos. Los detenidos denunciaron que pasaban días o semanas sin jabón, desinfectante o cepillos de dientes, y que algunos desarrollaron infecciones cutáneas, respiratorias y dentales. La falta de higiene y atención médica adecuada no solo pone en riesgo la salud de los migrantes, sino que también puede tener repercusiones más amplias en la salud pública.
También aseguraron que sus solicitudes médicas quedaban sin respuesta durante semanas o meses y que, en algunos casos, la atención solo llegaba después de un desmayo o una emergencia grave. Este retraso en la atención médica es una violación clara de los derechos humanos y plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades en la protección de la salud de los detenidos. Los migrantes describieron además porciones de comida insuficientes, congeladas o en mal estado. Algunos dijeron haber perdido hasta 13 kilos durante su detención, lo que pone de relieve la falta de nutrición adecuada en el centro. “Este lugar es un cementerio de personas vivas. Aquí te puede pasar cualquier cosa”, dijo un ecuatoriano identificado como Lorenzo P. en un testimonio recogido por HRW. Este tipo de declaraciones reflejan la desesperación y el sufrimiento de los migrantes, y subrayan la necesidad urgente de una reforma en el sistema de detención de migrantes en Estados Unidos.
La situación en Camp East Montana es un microcosmos de los problemas más amplios que enfrenta el sistema de inmigración y detención de Estados Unidos. Las políticas migratorias han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que argumentan que el enfoque punitivo y de detención no solo es ineficaz, sino que también es inhumano. La muerte de Lunas Campos y los testimonios de otros migrantes son un llamado a la acción para que las autoridades reconsideren sus políticas y garanticen que se respeten los derechos humanos de todos, independientemente de su estatus migratorio.
El informe de HRW y ACLU no solo documenta los abusos en Camp East Montana, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad del gobierno federal y las políticas migratorias en general. La presión sobre las autoridades para que tomen medidas y mejoren las condiciones en los centros de detención está aumentando, y muchos esperan que esto conduzca a cambios significativos en el tratamiento de los migrantes en el país. Las voces de los detenidos, como las de Lunas Campos y otros, deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en el debate sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos.
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